LaHora

El servicio a la verdad. Un llamado a la reflexión


 
Quienes suscribimos la presente, en documento anterior hemos señalado que “Venezuela presencia el final trágico de su historia como nación de libertades y república, ejemplo que ha sido de bienestar en democracia ante la región y el mundo” durante el siglo XX. Nuestro Estado “es hoy una farsa, incapaz del ejercicio unitario de sus competencias y potestades soberanas”, hoy sustituidas de hecho por fuerzas despóticas extranjeras y criminales.
 
Una de las características más repugnantes en toda tiranía y de la misma actividad criminal, sobre todo si dispone del manejo de la cosa pública y sus actividades es el culto del secretismo y la opacidad. Es la negación de la democracia.
 
La propia Fuerza Armada, fracturada y sujeta a los dictados de actores – cubanos, iraníes, narcoterroristas – que se enriquecen saqueando el patrimonio venezolano y robándole el pan de subsistencia como las medicinas necesarias a nuestros compatriotas, pobres y necesitados en su gran mayoría, no ha sido capaz de reaccionar rompiendo las cadenas de la corrupción que han hecho presa de Venezuela. Ha optado por mancillar su decoro militar histórico y participado de los actos de represión y torturas que sufren los presos políticos, entre estos sus propios compañeros de armas. Ha perdido sus valores y bases institucionales.
 
Ha permitido que la soberanía territorial de Venezuela sobre el Esequibo haga parte de la liquidación delincuencial de los activos de la nación e incluso, se ha sumado a la comedia electoral que pretende instalar el régimen usurpador del narco tirano Nicolás Maduro a fin de distraer a un pueblo que sufre y es ahora víctima de una grave pandemia. Si ello no bastase, su Alto Mando protocolar, por voz del ministro de la defensa, Vladimir Padrino, ha anunciado ante el país y el mundo que nadie les quitará el poder que detentan, ni siquiera mediante elecciones democráticas.
 
En este orden nos vemos obligados a hacerle un igual y severo llamado de atención al gobierno colegiado interino, a fin de que respete y acate con celo las exigencias de la transparencia, ineludibles en los actores democráticos quienes están obligados a rendir cuenta pública de sus actividades, en lo particular quienes dirigen e integran el Centro de Gobierno de cuyos procederes a nadie informa.
 
Se entiende que en la lucha contra la narco-dictadura que mantiene bajo secuestro a Venezuela, auxiliada por fuerzas extranjeras y grupos transnacionales vinculados al terrorismo, al narcotráfico y al lavado de dineros producto de la corrupción, las estrategias para enfrentarla y desmontarla reclaman de actores prudentes y ajenos a la práctica del utilitarismo partidario o personal. Pero la actividad pública y política no es asunto privado o personal de quienes la asumen creyéndose predestinados o necesarios, menos de quienes la administran como una ganancia que les ha dispensado el azar.
 
La cultura muy venezolana de cuestionar o rechazar cualquier opinión crítica dirigida contra quienes ejercen destinos dentro del Estado o en los partidos, arguyendo para ello que afecta el interés común o la unidad, es inaceptable e irrespetuosa con la ciudadanía. Obedece, como siempre, a la manipulación de quienes se saben descubiertos y comprometidos con actos ajenos a la probidad o al interés público que deben tutelar.
 
De modo que, el llamado de atención que hacemos, ante los venezolanos, tiene destino preciso y no es sólo al régimen de oprobio y absoluta maldad que ha usurpado y ejerce de facto el poder en Venezuela bajo instrucciones extranjeras y de grupos criminales y terroristas. Es una alerta igual a los integrantes de la actual Asamblea Nacional, que por mandato constitucional ejercen el gobierno democrático interino contando con un importante reconocimiento internacional. Muchas de sus actuaciones relevantes han resquebrajado la confianza pública y urge rescatarla.
 
¿Por qué afirmamos esto?
 
Porque siguen sin aclararse, entre otras, las acciones de Cúcuta de 23 febrero de 2019, el llamamiento disparatado a un alzamiento militar desde la autopista del este en Caracas, de 30 de abril de 2019; las actuaciones que condujeron a la operación Gedeón, al término secuestrada por el régimen usurpador; los certificados de buena conducta expedidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea, que sin recursos ni pericia los otorgan a criminales internacionales como Alex Saab y similares;  las designaciones en CITGO y Monómeros, con base en cuotas partidistas; la operación de los Bonos 2020; el proyecto de ley para la recuperación de bienes de origen y destino ilícito, signado por la discrecionalidad y la opacidad.
 
La Fracción parlamentaria 16J merece nuestro reconocimiento. Bajo riesgos y amenazas de todo orden ha estado luchando por la rendición de cuentas del Centro de Gobierno cuyo silencio sigue siendo la regla.
 
En el pasado reciente nunca informaron sobre los criterios para elegir a sus representantes y negociar con la narcotiranía en Santo Domingo y luego en Oslo y Barbados. ¿Qué instrucciones les dieron? ¿Cuál ha sido la naturaleza y alcance de tales conversaciones y su acercamiento al régimen, especialmente en el tema electoral? Menos sabemos los venezolanos sobre cómo opera un gobierno parlamentario partidista, sin tradición constitucional, con su principal autoridad asilada en una embajada y bajo la posición de Encargado del Gobierno Central, figura inexistente en Venezuela.
 
A la comunidad internacional una vez más le expresamos que solos no podemos. Y que los venezolanos necesitamos conjurar las prácticas de opacidad y las mentiras en los actores públicos y políticos, así como restablecer las instituciones que aseguren nuestra vuelta a la democracia y como condición para el ejercicio libre de la soberanía popular.
 
Para nosotros, los firmantes, nuestra solidaridad es con el rescate de la libertad, sirviendo siempre a la verdad. Así lo declaramos, hoy siete (7) de julio de 2020.
 
María Corina Machado, Coordinadora de Vente Venezuela
 
Antonio Ledezma, Alcalde Metropolitano de Caracas y fundador de Alianza Bravo Pueblo
 
Diego Arria, ex gobernador de Caracas, exembajador, y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU
 
Humberto Calderón Berti, ex presidente de la OPEP, excanciller de la República, ex presidente de PDVSA, y exministro de energía y minas
 
Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela
 
Enrique Aristeguieta Gramcko, miembro de la Junta Patriótica de Venezuela de 1958, exdiputado, exembajador, exministro encargado de relaciones interiores, y presidente de la Gran Alianza Nacional (GANA)

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