Eneida Valerio Rodríguez
(@eneidavalerio)

El caso de Carlos Lanz, ex dirigente del PSUV y profesor universitario de la UCV, ha llamado la atención de la opinión pública nacional.El mismo, parte en primer lugar, desde su oscura perspectiva conductual ya que tuvo participación en actos reñidos contra la moral pública. Formó parte del grupo delictivo que secuestró a William Niehous, el industrial norteamericano, víctima de sus captores, por más de 3 años y cuya liberación en la década de los 80, recorrió con un manto sólido de terror, el mundo noticioso del momento en lo nacional e internacional.
Por este delito, fue apresado y remitido al Cuartel San Carlos en 1977 y salió en 1985.Al salir fundó el grupo subversivo 21 de Junio.
Carlos Lanz, se había desempeñado como presidente de Alcasa y fue denunciado por los mismos trabajadores. También ocupó espacios informativos por sus implicaciones en delitos graves como el asalto al Banco del Caribe en 1969 en Guacara, estado Carabobo y en Guárico contra una sucursal del Banco Ítalo Venezolano. En su infortunio, fue instigador insaciable de la violencia generadora de penas ejemplarizantes, pero en su caso, fueron incumplidas.
Su condición de revolucionario, le brindaba privilegios y la violencia, le resultó un tatuaje indeleble que le acompañó hasta fallecer. La muerte de Lanz, pasó a otros escenarios; su descuartizamiento arrojado, según se informó en piezas enteras a los cochinos que le devoraron en la hacienda La Fortaleza,en el estado Cojedes. Allá, fue ajusticiado por Glen Castellanos, amante de la esposa Cumi Cumare y por Tello Viloria, dirigente de Bandera Roja, partido en franca persecución actualmente por los cuerpos de seguridad y cuyos principales dirigentes están presos.
Cumare y Castellanos, dieron sus respectivas versiones de los hechos,sin lucir síntomas de arrepentimiento. Hasta dieron la sensación de haber ensayado el libreto contentivo de sus testimonios.
Tales declaraciones y testimonios son escalofriantes y develan la podredumbre del tejido social de buena parte del país político que desesperadamente busca el poder omnímodo, enfrentado para mayor gravedad a una seria restricción informativa.
Cumare, trabajaba para una organización del PSUV y había erogado a los sicarios 8000 dólares como anticipo de la acción encomendada, que según dijo, pretendía involucrar al gobierno.
El Fiscal del régimen Tarek W. Saab, ha emitido opinión y destacados estudiosos del Derecho, señalan la gravedad del asunto al saltarse pasos fundamentales del proceso de investigación.
Venezuela, estuvo nuevamente cuestionada en la violación de los derechos humanos en el último Informe de Michelle Bachellet, como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Insistió en lo que ha señalado desde hace buen rato, la respuesta del régimen fue sacar a los comisionados del ente internacional de las funciones de investigaciones que cumplían en nuestro país y acusarla como dijo Diosdado Cabello, de obsesionada con Venezuela. Una respuesta que no responde, sino que alimenta la cuestionada conducta del régimen en no admitir las fallas en esta materia.
Carlos Lanz, conforma un caso más a una serie de muertes violentas de la dirigencia revolucionaria, sucedidas en el régimen. Son los casos de Danilo Anderson en 2004 Fiscal del Ministerio Público y quien averiguaba lo ocurrido en Puente LLaguno con ocasión del 11 de febrero. Nunca se le dieron herramientas para la investigación y el 18 de noviembre de aquel año, dentro de su camioneta murió al explotarle. A su carro, le detectaron una carga de C4.
En 2014 dos casos saltaron como verdaderos cangrejos sin resolverse todavía. José Eliecer Otaiza amigo de Chávez y ligado desde el alzamiento del 4 de febrero. Fue director del Sebin y asesinado en Caracas. Ajusticiado con dos tiros de gracia y arrojado en un zanjón en el municipio Hatillo de la Región Capital. Ese mismo año, Robert Serra, ligado a ritos esotéricos fue asesinado dentro de su vivienda en el sector de San Agustín en Caracas. Ninguno de estos casos, han sido resueltos totalmente. Hay incongruencias en las informaciones y restricciones a las mismas como se ha hecho costumbre.

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