La investigación revela, además, que casi la mitad de las personas que están recluidas en estos retenes provisionales padecen de desnutrición. “El hacinamiento se ubicó en 156,54% a finales del primer semestre y en 176,25% durante el segundo semestre del año», se lee en el documento

De acuerdo al más reciente informe realizado por Una Ventana a la Libertad, en el cual se refleja el estado de salud de los detenidos y detenidas que se encuentran en solo una muestra de los calabozos policiales del país, 72 personas, entre hombres y mujeres, murieron de tuberculosis y desnutrición durante el año 2022.

El más reciente informe realizado por la organización explica que durante los primeros 6 meses del año 2022 se lograron identificar 55 detenidos fallecidos, mientras que en los meses restantes se identificaron 17 fallecidos.

Una Ventana a la Libertad, precisa que durante el primer semestre del año 2022 había, en los calabozos policiales, una población penal de 16.778 detenidos recluidos en un poco más de 500 retenes y de esta cifra tomaron una muestra solo de 335 calabozos. Agregan que en el segundo semestre la población penal alcanza la cantidad de 16.837 y la muestra estudiada se realizó solo en 284 calabozos.

La organización, dirigida por el abogado Carlos Nieto Palma, asegura que las enfermedades son el enemigo público número 1 en los centros de detención preventiva y así lo explica en el informe denominado “Proyecto de Monitoreo Año 2022. Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela”.

Agrega que entre los fallecidos, en el segundo semestre del año 2022, figuran dos mujeres, una de ellas murió de desnutrición y la otra de tuberculosis.

“El resto de las víctimas eran de sexo masculino, 11 de ellos, es decir, el 42,31%, murió de tuberculosis”, se lee en el documento.

De acuerdo a esta investigación los detenidos recluidos en calabozos policiales también mueren al presentar patologías como: dificultades respiratorias, Covid-19, infartos, epilepsia y convulsiones.

Nieto Palma supone que el número de fallecidos disminuyó significativamente entre un semestre y otro debido a la intervención realizada por la llamada Comisión para la Revolución Judicial, la cual realizó algunas jornadas médicas y otorgó libertades plenas y provisionales a algunos detenidos y detenidas que padecen enfermedades crónicas o terminales.

En el documento se explica que las muertes de detenidos y detenidas se registran, en mayor cantidad, en algunos estados como el Zulia debido al alto índice de hacinamiento y las precarias condiciones en las cuales se encuentran los retenes policiales de esa región.

Casi la mitad de los detenidos están desnutridos

En el informe emitido por UVL se indica que la desnutrición continuó siendo, durante el año 2022, el principal problema de salud que se encontró en los alertas que se emitieron durante el mencionado período.

Explican que 49,54% de los 432 casos identificados durante el segundo semestre del año 2022 presentan problemas de alimentación.

La organización considera que casi la mitad de los detenidos que fueron estudiados están desnutridos y precisan que esto es consecuencia de que el derecho a la alimentación no es cubierto, como corresponde, por el Estado venezolano.

“Se ha delegado esta responsabilidad en la familia de las personas que se encuentran detenidas. Esto sí es una flagrante violación del derecho humano a la salud y a la vida de parte del Gobierno Nacional”, se lee en el referido informe.

UVL recuerda que dichos familiares, en su mayoría, provienen de los sectores populares que padecen el rigor de un ingreso salarial de 6 dólares que no alcanza para mantenerse ni para poder alimentar de manera permanente a su familiar detenido.

Los retenes policiales monitoreados por UVL fueron ordenados por región y por estado. Por ejemplo, en la Región Llanera destacan los estados Apure y Guárico, con un total de 18 calabozos policiales y en la Región Central destaca el Distrito Capital y los estados La Guaira y Miranda, con un total de 66 retenes.

Esta investigación contó con la coordinación de la profesora universitaria, Magaly Huggins Castañeda y la coordinación operativa de la periodista Carol Carrero Marrero.

UVL cuenta con 26 investigadores desplegados en todos los estados del país. Solo el estado Miranda es estudiado desde tres zonas diferentes: Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire y Barlovento y Valles del Tuy.

Tuberculosis, VIH-SIDA y muchos piojos

Una Ventana a la Libertad, la única Asociación Civil que desde el año 2016 monitorea el estado de salud de los privados y privadas de libertad que se encuentran recluidos en centros de detención preventiva precisó que la tuberculosis sigue cobrando vidas humanas en los calabozos monitoreados por la organización.

“No cabe dudas de que se trata de una enfermedad infectocontagiosa vinculada a las condiciones sanitarias de los calabozos policiales, lugares donde no hay espacio para clasificar a los detenidos, tanto, que los contagiados comparten el mismo aire con las personas que están aparentemente sanas”.

La organización ha denunciado en diversas oportunidades que en los retenes policiales reina un ambiente altamente contaminante debido a que las celdas no tienen ventilación, no hay agua potable, el servicio médico es inexistente, no hay vehículos para traslados y la recolecciones de basura no es frecuente.

“Hemos encontrado una nueva variante, 47 detenidos (10,88%) están padeciendo de una afección denominada Pediculosis, comúnmente llamada piojos. La propagación de este padecimiento es constante debido al reducido tamaño y al hacinamiento que hay en las celdas”.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (VIH-SIDA) también es una de las variables que aborda la Asociación Civil Una Ventana a la Libertad. Durante la investigación realizada en el año 2022 encontraron “un alto números de casos”, tal como se lee en el informe.

“Se detectaron 43 casos de VIH-SIDA, es decir, el 9,95% de la población penitenciaria estudiada durante este período padece de esta enfermedad infectocontagiosa que requiere de tratamiento adecuado y constante”.

El estudio revela que la escabiosis también hace estragos dentro de los calabozos policiales. Destaca que 28 casos (6,48%) de los privados y privadas de libertad presentaron enfermedades en la piel, entre ellas, la comúnmente denominada sarna.

“Los calabozos alcanzaron un hacinamiento del 334,55%, es decir que, para un cupo de 220 en los calabozos que fueron citados en los Alertas, había 726 detenidos (as)”, se lee en el documento.

Por lo general los detenidos y detenidas se quejan de dolores osteomusculares. La causa salta a la vista: casi todos duermen en el suelo o sobre colchonetas que no reúnen las condiciones básicas para tener un buen descanso.

Las heridas por arma de fuego y traumatismos de vieja data, diabetes e hipertensión arterial también son padecimientos que presentan los privados y privadas de libertad.

Ocho (8) mujeres resultaron estar embarazas, dos de ellas presentaron infecciones vaginales y patologías mamarias. Por lo general estas mujeres dan a luz dentro de las celdas bajo unas condiciones de higiene muy precarias y son separadas de sus hijos a pocas horas del alumbramiento.

UVL destaca que en su mayoría estos embarazos son consecuencia de relaciones forzadas o a veces aceptadas con detenidos o por abuso sexual de algún funcionario. Los expertos explican que la mujer, por miedo a represalias, siempre se niega a identificar quién es el padre del o la bebé.

Otros temas no menos importantes

En esta extensa investigación se abordan temas de mucha importancia tales como: fugas, recapturas, beneficios otorgados por la Comisión para la Revolución Judicial (designada desde el Palacio de Miraflores el día 21 de junio de 2021) y su impacto en los niveles de hacinamiento, acciones del llamado Plan Cayapa y protestas realizadas en los calabozos policiales (huelgas de hambre, huelgas de sangre y actos violentos contra custodios).

De igual forma dedican un capítulo especial al trato y la situación de salud de la mujer en prisión y a las causas de ingreso a los calabozos policiales: homicidios, robos, hurtos, extorsión, abuso infantil, tenencia y distribución de drogas, secuestros y violencia de género.

Con la misma rigurosidad se explica extensamente el papel de la familia en medio de toda esta compleja situación y se califica como “victimas por filiación” a todas esas personas que, con un gran sacrificio, asumen la responsabilidad de alimentar, suministrar medicamentos y saciar la sed de quienes se encuentran recluidos en un calabozo policial o centro penitenciario.

Lidiar con el caos nacional

Una Ventana a la Libertad, a través de este informe número 18 sobre la situación de salud de los hombres y mujeres privados de libertad en calabozos policiales, explica que las personas recluidas en estos lugares provisionales deben lidiar con un contexto completamente adverso.

“La vida en los calabozos policiales es muy adversa, es decir, la dinámica en estos lugares se ve impactada por la Crisis Humanitaria Compleja, la situación social, económica y política del país, la desnutrición, el desempleo, la deserción escolar y la violencia simbólica que impera en todas las esferas de la vida nacional.

Carlos Nieto Palma destaca, además, que las Organizaciones No Gubernamentales que hacen vida en Venezuela, las únicas que realizan este tipo de investigaciones y dan información veraz de las dificultades que vive el pueblo venezolano, son constantemente amenazadas con medidas judiciales y leyes como la aprobada en primera discusión el pasado 24-01-2023 la cual se denomina Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

“Se trata de un instrumento que busca acabar con todas las organizaciones de la sociedad civil”, dijo el abogado.

Lo que deben ser

Una Ventana a la Libertad concluye este extenso trabajo de investigación indicando:

“Que los calabozos policiales de hoy desaparezcan y se conviertan en lo que deben ser. Unos albergues de personas detenidas y por un tiempo máximo de 48 horas y con todos los derechos que les corresponde”.

“Seguiremos siendo la voz de quienes no la tienen”, asegura la organización.

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