El TSJ detalló que la solicitud de Machado no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó el 26 de enero la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos públicos en el país durante 15 años, por lo que se le impide competir en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año.

“La ciudadana María Corina Machado Parisca está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de quince (15) años, de acuerdo a la Resolución número 01-00-000285, de fecha 16 de septiembre de 2021, emanada de la Contraloría General de la República”, informó la institución.

La decisión se produce en medio de crecientes acusaciones del Ministerio Público contra activistas y opositores, a quienes señala de estar detrás de una supuesta conspiración para cometer un magnicidio en contra de Nicolás Maduro.

Texto de la sentencia del TSJ
El texto de la sentencia continúa declarando improcedente la solicitud de amparo cautelar.

«Sin lugar la demanda de reclamación conjuntamente con amparo cautelar contra las vías de hecho en las que han incurrido la Contraloría General de la República mediante oficio Nro. DGPE-23-0-00-008, dictado en fecha 27 de junio de 2023, interpuesta en fecha 15 de diciembre de 2023, por la ciudadana María Corina Machado Parisca, asistida por el abogado Perkins Rocha Contreras», reza el texto.

Además, ratificaron la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en consecuencia el Contralor General de la República está facultado para establecer sanciones de inhabilitación.

«En ese sentido la ciudadana María Corina Machado Parisca, de conformidad con la Resolución N° 01-00-0000285 de fecha 16 de septiembre de 2021 está inhabilitada por quince (15) años por estar incursa en los hechos y ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, que propició el bloqueo a Venezuela, así como también, «el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, dentro de los cuales se destacan la entrega de la empresa CITGO Holding, INC y CITGO Petroleum a la empresa canadiense Crystallex», continúa la sentencia.

El texto del TSJ detalla que estos hechos generaron «el secuestro de cuatro mil millones de dólares americanos retenidos en el sistema bancario internacional», además señalan a Machado de solicitar la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en el sector salud.

«Dicha ciudadana incumplió las disposiciones establecidas en el artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva, toda vez que aceptó la acreditación como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) a partir del 20 de marzo de 2014, perdiendo así la investidura de Diputada de la Asamblea Nacional».

Por último, detallan que la solicitud de Machado no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023, de acuerdo con la Resolución número 01-00-000285, de fecha 16 de septiembre de 2021, emanada de la Contraloría General una investigación que fue iniciada en mayo de 2014 y donde fueron tomadas medidas cautelares.

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